Desde antiguo, desde siempre, empresas e instituciones han utilizado libros para crear y mantener, mediante asientos y anotaciones, registros de transacciones o movimientos. Los titulares de esos libros (Administraciones públicas, bancos, empresas, etc.) concentran, así, información relevante y están en posición de consultarla. En consecuencia, pueden actuar como intermediaros cuando otros agentes interesados precisan de tal información para realizar transacciones, pero, por no ser pública o por necesitar ser validada, no pueden de otra forma conocer o utilizar. Así las cosas, el titular o garante de la información se convierte en una «autoridad central», en «un intermediario en quien todos los usuarios confían, que tiene un control total sobre el sistema e interviene en todas las transacciones». No debemos equiparar esta «autoridad central» a una autoridad pública ni a una entidad de crédito u otro tipo de entidad regulada en particular. Se trata, simplemente, del término que se...
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